Tan sucia la calumnia como sus contratos (I)

Paola Félix Díaz / (columnista invitada) A las y los mexicanos: Con el objetivo de engañar y confundir a la población han orquestado una campaña de desprestigio hacia el Ejecutivo Federal y la secretaria de energía Rocío Nahle, debido a la decisión de cancelar los “contratos sucios” para la generación de “energías limpias”, de ahí que precisa aclarar que, la administración actual no está en contra de las energías limpias, sino de los actos de corrupción en la industria eléctrica que afectan el interés nacional, razón por la que decidió cancelar los contratos.

1.- Suspender las pruebas pre-operativas de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y no autorizar más pruebas adicionales, por lo que los nuevos proyectos de energías renovables no podrían interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ni entrar en operación, tiene el objetivo de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo de la epidemia provocada por el virus SARSCov2 (COVID-19).

Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la pandemia con la cancelación de los contratos?, la respuesta es, por un lado de orden técnico, ya que al detenerse la actividad económica con motivo del confinamiento, se detuvo también la demanda de electricidad, lo cual implica que no se puede generar más electricidad de la que soporta la red porque colapsa, y tampoco se puede producir menos porque al bajar el voltaje se detienen las centrales eléctricas, ambos problemas en perjuicio de toda la población, ya que implicaría detener el suministro de electricidad a los hogares, hospitales, centros de abasto y perecederos, etc.

Por otro lado, es de orden jurídico, pues conforme a los inconstitucionales acuerdos tomados por el gobierno donde todo se podía, al bajar el consumo de energía eléctrica, quien tendría que parar sus plantas es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que conforme al programa de Despacho por Orden de Mérito, producto de dichos acuerdos, puedan entrar primero a la red de transmisión y distribución de energía eléctrica los productores privados, es decir, son ellos los únicos que ganan y quien pierde es la CFE, además de que no son capaces de cubrir el suministro de energía para toda la población. En este sentido, la determinación de este gobierno es garantizar que la seguridad del suministro energético esté por encima de cualquier interés económico privilegiando la soberanía energética de la Nación.

2.- Los costos económicos para el Estado asociados a los contratos resultan inaceptables, ya que van en detrimento del erario público; en el esquema pactado durante el sexenio anterior con las empresas privadas estas nunca dejan de ganar, al contrario, se prevé que ganen cada vez más bajo el subsidio del Estado.

A través de la figura denominada Respaldo, la CFE debe soportar con energía eléctrica la intermitencia (cortes o bajas) en la producción de energía, ya que las centrales eólicas funcionan solamente con viento y sol, entonces, si estas condiciones no son óptimas o sus plantas necesitan mantenimiento se detienen y, para evitar que baje el voltaje, la CFE debe producir y regalarles la energía, sí leyó usted bien, regalárselas para que puedan seguir produciendo y cobrándola a sus usuarios e incluso revendiéndosela a la CFE. Si la CFE no las subsidia con energía eléctrica, baja el voltaje y se daña el sistema eléctrico nacional, cuya reparación sería costosísima para la Nación.

La CFE además apoya a las empresas privadas suministrando los equipos tecnológicos y el personal operativo para regular los niveles de electricidad; cuando baja la energía eólica y solar, también la CFE absorbe el costo de la regulación secundaria, para lo cual tiene que montar una central eléctrica junto a la eólica o solar, ya que por cada megavatio intermitente que produzcan las empresas privadas la CFE debe poner otro firme para evitar fallas. A los costos anteriores de la CFE se adiciona el de Porteo para trasladar la energía del lugar de generación al de consumo, lo cual puede ser de una entidad federativa a otra.

En suma, el conjunto de subsidios y apoyos para las empresas privadas de acuerdo a diversas fuentes públicas, le cuesta al erario público aproximadamente 160 mil millones de pesos al año, mientras que las empresas privadas solo reciben ganancias, lo cual es a todas luces injusto, particularmente, en la situación económica que se encuentra el país.

3.- Estas energías “limpias” no llegan a donde más se necesitan, ni abastecen a las familias más vulnerables, sino que llegan a otras empresas privadas asociadas que se benefician comprando a precios bajos, mientras que paradójicamente, la CFE tiene que pagarles la energía a precios elevados y además subsidiarlas.

Es evidente que los contratos más sucios que el carbón, están construidos sobre las condiciones antes descritas, debido a los acuerdos entre empresas privadas y funcionarios de administraciones pasadas. Es de subrayar que ni todos los contratos son sucios ni la pretensión es dejarlos a todos sin efecto, tal y como lo ha consignado la autoridad, prevalecerán aquellos que cumplan con las especificaciones técnicas que los doten de viabilidad jurídica para cumplir con su objeto.

La inconformidad no deriva de un valor ecológico o medioambiental, sino del único que conoce la corrupción: el dinero. Se niegan a perder los privilegios y negocios hechos al amparo del poder público con contratos a modo embestidos de una supuesta legalidad que no gozan de un soporte técnico de viabilidad. Por ello, es ahí a donde apunta la transformación de la política energética del gobierno, buscando incrementar la productividad y competitividad a través de acuerdos justos y equilibrados con la iniciativa privada, donde ambas partes tengan beneficios y ganancias razonables. Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.

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